Ley obligaría al gobierno de EE.UU a revelar registros sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP), tecnologías de origen desconocido y evidencia biológica de inteligencias no humanas, bajo supervisión independiente.
En un movimiento que podría redefinir la transparencia gubernamental, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, presentó un proyecto de ley que busca desclasificar toda la información relacionada con fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). La iniciativa, respaldada por republicanos y demócratas, incluye disposiciones excepcionalmente duras contra programas de ingeniería inversa no autorizados y establece un mecanismo para revelar lo que el gobierno sabe sobre “inteligencia no humana”, un término que aparece 22 veces en el texto.
La llamada “Ley Schumer” no solo desafía décadas de secretismo, sino que también aborda un tema tabú: la posibilidad de que agencias gubernamentales hayan ocultado tecnología recuperada de origen desconocido o incluso evidencia biológica de entidades no humanas. Sin embargo, expertos advierten que el texto podría enfrentar resistencia de sectores dentro del poder ejecutivo y la comunidad de inteligencia.
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Un giro radical en la política de transparencia
El núcleo de la legislación es su mandato de divulgación: “Todos los registros federales relacionados con UAP deben presumirse como sujetos a divulgación inmediata”. Esto incluye documentos históricos, datos científicos y testimonios que, hasta ahora, han permanecido bajo clasificación bajo argumentos de seguridad nacional.
Uno de los aspectos más controvertidos es la creación de una “Junta de Revisión” independiente, compuesta por nueve expertos sin vínculos previos con programas relacionados con UAP. Entre ellos habría científicos, historiadores y exfuncionarios de seguridad nacional, todos con acceso a información clasificada a nivel presidencial. Esta junta tendría autoridad para citar a testigos, exigir documentos e incluso solicitar al Departamento de Justicia que intervenga en casos donde la información esté bajo secreto judicial.
El enigma de la “inteligencia no humana” y la Ley de Energía Atómica
El proyecto hace referencia explícita a la Ley de Energía Atómica de 1954, una medida que originalmente regulaba materiales nucleares pero que, según el texto, ha sido usada para justificar la clasificación de registros sobre UAP. La legislación señala que ciertos datos han sido excluidos de procesos de desclasificación bajo el argumento de ser “información nuclear extranjera transclasificada”, una categoría que el Departamento de Energía aplica a programas atómicos de otras naciones.
Esta conexión ha alimentado teorías sobre posibles recuperaciones de artefactos no humanos con propiedades radiactivas o su vinculación a programas de defensa nuclear. El representante Tim Burchett, uno de los promotores de audiencias recientes sobre UAP, declaró: “Alguien ha estado mintiendo, y este proyecto obligará a que la verdad salga a la luz”.
Dominio eminente: ¿El gobierno confiscará tecnología “no humana”?
Uno de los puntos más polémicos es la cláusula que autoriza al gobierno federal a ejercer “dominio eminente” sobre cualquier tecnología de origen desconocido o evidencia biológica en manos privadas. Esto significa que empresas contratistas —como las denunciadas por el exoficial de inteligencia David Grusch— podrían verse obligadas a entregar materiales recuperados sin compensación, bajo el argumento del “interés público”.
La medida ha generado preocupación entre abogados constitucionalistas, quienes cuestionan su ambigüedad. “¿Qué define una ‘tecnología de origen desconocido’? ¿Y cómo se garantizará que no se abuse de este poder?”, preguntó la experta en derecho aerospacial Laura Montgomery en declaraciones a The Hill.
Reacciones y próximos pasos
El proyecto ha recibido apoyo bipartidista, incluyendo al senador republicano Marco Rubio, quien destacó la necesidad de que el Secretario de Estado contacte a gobiernos extranjeros para compartir información sobre UAP. No obstante, enfrenta obstáculos: sectores dentro del Pentágono y agencias de inteligencia han resistido históricamente la divulgación, alegando riesgos para la seguridad.
Mientras tanto, organizaciones como The Disclosure Project celebran la iniciativa, aunque advierten que su éxito dependerá de que la Junta de Revisión opere sin interferencias. “Si se implementa correctamente, esto podría ser el ‘Acta de Libertad de Información’ del siglo XXI”, afirmó el investigador Luis Elizondo.
La Ley Schumer representa el esfuerzo más ambicioso hasta la fecha para desclasificar los secretos sobre UAP, pero su destino sigue siendo incierto. Con audiencias en el Congreso programadas para septiembre y un plazo límite en enero, el debate entre transparencia y seguridad nacional está lejos de resolverse. Lo que es claro es que, por primera vez, términos como “inteligencia no humana” y “tecnologías de origen desconocido” están siendo discutidos en el ámbito legislativo con una seriedad sin precedentes.